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Nacionales

Atención: De la Espriella firma decreto que declara desastre nacional tras terremoto de 7,4

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Foto: EFE - Ministerio de Defensa

El presidente Abelardo De La Espriella firmó este martes 11 de agosto el decreto mediante el cual se declara el desastre de carácter nacional en Colombia, tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado lunes 10 de agosto.

La decisión fue adoptada luego de una jornada de evaluación de los daños y de las necesidades de las zonas más afectadas, especialmente en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío.

El mandatario anunció la firma del decreto a través de un video publicado en redes sociales, grabado desde la sede de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en Bogotá. De La Espriella aseguró que el documento permitirá al Gobierno contar con herramientas jurídicas para responder de manera rápida a la emergencia.

“Este instrumento jurídico nos va a permitir atender la tragedia de la mejor manera”, afirmó el presidente.

¿Qué implica la declaratoria de desastre nacional?

La medida establece un marco para que el Gobierno pueda implementar acciones destinadas a atender las consecuencias del terremoto. Entre las herramientas contempladas se encuentra la expedición de circulares y resoluciones para facilitar la atención inmediata de las comunidades afectadas.

Además, la declaratoria permite recurrir a mecanismos de contratación directa y expedita para adquirir bienes y servicios necesarios durante la emergencia.

El decreto también contempla un periodo de vigencia de hasta 12 meses, con posibilidad de prórroga, lo que permitirá mantener las medidas de atención y recuperación mientras continúan las labores en las zonas afectadas.

Gobierno ordena traslado de recursos

La firma del decreto se produjo después de que el Gobierno Nacional anunciara la declaratoria desde la sala de crisis del Puesto de Mando Unificado, tras establecer que el terremoto había afectado a por lo menos 11 departamentos.

Durante la reunión, De La Espriella ordenó a la cúpula militar, al Dapre y al Ministerio de Hacienda avanzar en el traslado de recursos del presupuesto nacional para atender las emergencias.

Con esta declaratoria, el Gobierno busca fortalecer la respuesta institucional frente a los daños ocasionados por el movimiento telúrico y acelerar la asistencia a las comunidades afectadas.

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Nacionales

FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA PIDEN INVESTIGAR AMENAZAS CONTRA GREGORIO ELJACH

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Funcionarios de la Procuraduría General de la Nación solicitaron a la Fiscalía investigar las amenazas denunciadas por el procurador general, Gregorio Eljach, contra su vida, la de sus familiares y su equipo de trabajo. La petición fue presentada por el sindicato STP Dignidad, mediante una comunicación enviada el pasado 10 de noviembre a la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

En el documento, firmado por William Millán Monsalve, presidente de la organización sindical, los trabajadores solicitaron esclarecer quiénes estarían detrás de las intimidaciones y determinar si existen funcionarios de la propia Procuraduría involucrados en estos hechos.

La solicitud se conoce después de que Eljach revelara, el pasado 28 de octubre, que había recibido amenazas que comprometían su seguridad y la de su entorno cercano. El funcionario aseguró que la situación lo llevó a adoptar medidas especiales de protección y a permanecer aproximadamente un mes sin asistir presencialmente a las instalaciones de la entidad.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de sus declaraciones fue la posibilidad de que las intimidaciones provinieran de personas que trabajan dentro de la misma institución. Sin embargo, el procurador aclaró que todavía no existen conclusiones definitivas sobre el origen de las amenazas ni sobre sus posibles responsables.

Ante este escenario, el sindicato pidió que la Fiscalía adelante una investigación seria, rápida, objetiva e imparcial, que permita establecer las circunstancias de las intimidaciones y determinar si hubo participación de servidores públicos.

Los funcionarios también hicieron una precisión: si se comprueba que alguna persona vinculada a la Procuraduría participó en estos hechos, deberán establecerse las responsabilidades individuales y aplicarse las consecuencias legales correspondientes. Asimismo, advirtieron que las actuaciones de una o varias personas no pueden convertirse en señalamientos generalizados contra todos los trabajadores de la entidad.

El sindicato explicó que su intención no es cuestionar la legitimidad de las denuncias realizadas por Eljach, sino solicitar que los hechos sean esclarecidos y que se proteja el buen nombre de los funcionarios que no tengan ninguna relación con las posibles intimidaciones.

Ahora, la atención está puesta en las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación, que deberá establecer quiénes estarían detrás de las amenazas y si existe alguna responsabilidad de personas vinculadas a la Procuraduría.

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Nacionales

OPERACIÓN MANO DE HIERRO DEJA 136 CAPTURADOS EN BUCARAMANGA: DE LA ESPRIELLA ENTREGÓ EL BALANCE

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#JUDICIAL | Una ofensiva contra las estructuras criminales y las redes de narcotráfico que operan en Santander dejó 136 personas capturadas en Bucaramanga y su área metropolitana. Se trata de la operación denominada ‘Mano de Hierro’, desplegada durante la madrugada de este jueves 12 de noviembre y encabezada por el presidente Abelardo De La Espriella junto a integrantes de la Fuerza Pública.

A través de su cuenta de X, el mandatario informó que participó personalmente en el operativo y destacó los resultados obtenidos mediante el Bloque Operacional de Seguridad Urbana (BOSUR), estrategia del Gobierno nacional para combatir la delincuencia en las principales ciudades del país.

De acuerdo con el balance presentado, las autoridades realizaron 70 allanamientos y lograron 136 capturas. Entre los elementos incautados se encuentran 12 armas de fuego, 27 teléfonos celulares, 430 cartuchos y 1.800 gramos de explosivos.

Asimismo, fueron decomisados más de 18.837 gramos de estupefacientes y $4.640.000 en efectivo. El procedimiento también permitió aplicar medidas de extinción de dominio sobre bienes avaluados en aproximadamente $1.541 millones.

Según información de la Fiscalía, los capturados estarían relacionados con ocho estructuras delincuenciales señaladas de participar en homicidios, extorsiones, hurtos y tráfico local de estupefacientes. Del total de personas detenidas, 61 fueron capturadas mediante orden judicial, 72 en flagrancia y tres corresponden a aprehensiones de menores de edad.

Entre los resultados también se reportó la desarticulación de estructuras dedicadas al microtráfico y la captura de personas señaladas de participar en hechos violentos que afectaban la seguridad de diferentes sectores de Bucaramanga y municipios cercanos.

Tras conocer los resultados, De La Espriella lanzó una advertencia a las organizaciones criminales y aseguró que las autoridades continuarán persiguiendo a quienes cometan delitos. “No vamos a entregarles nuestras calles a los criminales. A los delincuentes les advierto: no tendrán escondite ni impunidad”, expresó.

Finalmente, el presidente anunció que los Bloques Operacionales de Seguridad Urbana continuarán desplegándose en otras ciudades del país. Según manifestó, estas intervenciones hacen parte de su estrategia para recuperar la seguridad y fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en el territorio nacional.

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Económia

BANCOS DE COLOMBIA Y EE. UU. RESPALDAN REFORMA TRIBUTARIA, PERO ADVIERTEN SOBRE RIESGOS

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#ECONOMÍA | Representantes de importantes entidades financieras de Colombia y Estados Unidos expresaron su respaldo a la reforma tributaria y al ajuste fiscal impulsado por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. Sin embargo, también plantearon preocupaciones sobre el alcance de las medidas, su aplicación y los posibles efectos en la economía nacional.

Durante la Asamblea General de Anif, los representantes del sector financiero coincidieron en que Colombia necesita corregir el desequilibrio de sus finanzas públicas para recuperar la confianza de los inversionistas y garantizar la estabilidad macroeconómica. En ese sentido, destacaron la importancia de avanzar en un plan que permita controlar el crecimiento de la deuda y fortalecer los ingresos del Estado.

Entre las voces que se pronunciaron estuvo Citi, entidad financiera estadounidense que calificó la Ley de Rescate Económico como un esfuerzo serio y más ambicioso de lo esperado para enfrentar las dificultades fiscales del país. No obstante, advirtió que el proyecto podría sufrir modificaciones durante su discusión en el Congreso, lo que pondría en riesgo parte de sus objetivos.

Por su parte, Javier Suárez, presidente de Davivienda, manifestó que comprende la necesidad de que todos los sectores contribuyan al ajuste fiscal. Sin embargo, cuestionó la extensión de la sobretasa de cinco puntos porcentuales que pagan las entidades financieras sobre el impuesto de renta, al considerar que representa una carga desigual frente a otras actividades económicas.

El directivo aseguró que el sector bancario está dispuesto a participar en el esfuerzo que necesita el país, pero insistió en que las condiciones tributarias deben garantizar mayor equidad. Según explicó, la estabilidad de las finanzas públicas también es fundamental para proteger el crecimiento económico y el bienestar de los colombianos.

Otra de las preocupaciones planteadas por los representantes del sector está relacionada con la necesidad de mantener condiciones favorables para la inversión privada. Los banqueros consideran que un ajuste fiscal debe estar acompañado de reglas claras, confianza empresarial e incentivos que permitan impulsar sectores como la industria, la construcción, la energía y la infraestructura.

Las advertencias también se extienden al trámite legislativo. La iniciativa del Gobierno enfrenta un debate complejo por las propuestas de modificación del IVA, el impuesto de renta y otras contribuciones. Distintos sectores políticos han manifestado reparos frente a algunas de las medidas que buscan aumentar el recaudo nacional.

De esta manera, el respaldo de importantes actores financieros representa un apoyo a la necesidad de corregir las cuentas públicas, pero no significa un aval absoluto a todos los componentes de la reforma. El debate ahora se concentra en encontrar un equilibrio entre el recaudo, la reducción del gasto, la competitividad empresarial y la estabilidad económica de Colombia.

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