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Nacionales

DUQUE CUESTIONA A LA JEP POR EL TRATO A MILITARES Y EXJEFES DE LAS FARC

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El expresidente Iván Duque lanzó fuertes cuestionamientos contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al considerar que existe un trato desigual entre los integrantes de la Fuerza Pública y los antiguos comandantes de las FARC. Según el exmandatario, el tribunal ha sido más drástico en sus actuaciones frente a los militares que con los máximos responsables de la antigua guerrilla.

Durante una entrevista con La FM, Duque afirmó que la JEP ha dedicado mayor atención mediática a los procesos contra integrantes de las Fuerzas Militares. “Hay una desproporción. Usted ve que se ha hecho mucha más fanfarria, mucho más show, mucho más comunicación de todo tipo por parte de la JEP cuando se trata de los casos de los militares”, manifestó.

El exmandatario aclaró que sus críticas no significan justificar los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública y sostuvo que cualquier persona responsable de crímenes de lesa humanidad debe responder ante la justicia, independientemente de su pertenencia institucional.

En sus declaraciones, Duque también cuestionó la falta de sanciones que, a su juicio, sean proporcionales a la gravedad de los crímenes cometidos durante el conflicto armado. Entre los hechos que mencionó están el reclutamiento de menores, los abusos sexuales contra niños, la violencia contra las mujeres, los secuestros y los homicidios atribuidos a las antiguas FARC.

Asimismo, reclamó avances concretos en la reparación de las víctimas, especialmente frente a la entrega de los bienes que los antiguos integrantes de esa guerrilla se comprometieron a destinar para ese propósito.

“¿Cuándo vamos a ver las penas a los máximos responsables?, ¿cuándo vamos a ver la reparación real con los bienes de las FARC?”, cuestionó el expresidente.

Duque también recordó que durante su administración se presentaron informes sobre integrantes de la Fuerza Pública que fueron víctimas de torturas, asesinatos y masacres atribuidas a la antigua guerrilla.

Sus declaraciones se producen en el marco de la conmemoración de los diez años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC, un aniversario que ha reabierto el debate sobre los resultados de su implementación y el papel de la justicia transicional.

Finalmente, el expresidente reiteró que la JEP tiene compromisos pendientes con las víctimas y con el país. Sus señalamientos se suman a las distintas posiciones que existen sobre el funcionamiento del tribunal y las sanciones que deben recibir los responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto armado.

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Nacionales

FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA PIDEN INVESTIGAR AMENAZAS CONTRA GREGORIO ELJACH

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Funcionarios de la Procuraduría General de la Nación solicitaron a la Fiscalía investigar las amenazas denunciadas por el procurador general, Gregorio Eljach, contra su vida, la de sus familiares y su equipo de trabajo. La petición fue presentada por el sindicato STP Dignidad, mediante una comunicación enviada el pasado 10 de noviembre a la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

En el documento, firmado por William Millán Monsalve, presidente de la organización sindical, los trabajadores solicitaron esclarecer quiénes estarían detrás de las intimidaciones y determinar si existen funcionarios de la propia Procuraduría involucrados en estos hechos.

La solicitud se conoce después de que Eljach revelara, el pasado 28 de octubre, que había recibido amenazas que comprometían su seguridad y la de su entorno cercano. El funcionario aseguró que la situación lo llevó a adoptar medidas especiales de protección y a permanecer aproximadamente un mes sin asistir presencialmente a las instalaciones de la entidad.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de sus declaraciones fue la posibilidad de que las intimidaciones provinieran de personas que trabajan dentro de la misma institución. Sin embargo, el procurador aclaró que todavía no existen conclusiones definitivas sobre el origen de las amenazas ni sobre sus posibles responsables.

Ante este escenario, el sindicato pidió que la Fiscalía adelante una investigación seria, rápida, objetiva e imparcial, que permita establecer las circunstancias de las intimidaciones y determinar si hubo participación de servidores públicos.

Los funcionarios también hicieron una precisión: si se comprueba que alguna persona vinculada a la Procuraduría participó en estos hechos, deberán establecerse las responsabilidades individuales y aplicarse las consecuencias legales correspondientes. Asimismo, advirtieron que las actuaciones de una o varias personas no pueden convertirse en señalamientos generalizados contra todos los trabajadores de la entidad.

El sindicato explicó que su intención no es cuestionar la legitimidad de las denuncias realizadas por Eljach, sino solicitar que los hechos sean esclarecidos y que se proteja el buen nombre de los funcionarios que no tengan ninguna relación con las posibles intimidaciones.

Ahora, la atención está puesta en las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación, que deberá establecer quiénes estarían detrás de las amenazas y si existe alguna responsabilidad de personas vinculadas a la Procuraduría.

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Nacionales

OPERACIÓN MANO DE HIERRO DEJA 136 CAPTURADOS EN BUCARAMANGA: DE LA ESPRIELLA ENTREGÓ EL BALANCE

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#JUDICIAL | Una ofensiva contra las estructuras criminales y las redes de narcotráfico que operan en Santander dejó 136 personas capturadas en Bucaramanga y su área metropolitana. Se trata de la operación denominada ‘Mano de Hierro’, desplegada durante la madrugada de este jueves 12 de noviembre y encabezada por el presidente Abelardo De La Espriella junto a integrantes de la Fuerza Pública.

A través de su cuenta de X, el mandatario informó que participó personalmente en el operativo y destacó los resultados obtenidos mediante el Bloque Operacional de Seguridad Urbana (BOSUR), estrategia del Gobierno nacional para combatir la delincuencia en las principales ciudades del país.

De acuerdo con el balance presentado, las autoridades realizaron 70 allanamientos y lograron 136 capturas. Entre los elementos incautados se encuentran 12 armas de fuego, 27 teléfonos celulares, 430 cartuchos y 1.800 gramos de explosivos.

Asimismo, fueron decomisados más de 18.837 gramos de estupefacientes y $4.640.000 en efectivo. El procedimiento también permitió aplicar medidas de extinción de dominio sobre bienes avaluados en aproximadamente $1.541 millones.

Según información de la Fiscalía, los capturados estarían relacionados con ocho estructuras delincuenciales señaladas de participar en homicidios, extorsiones, hurtos y tráfico local de estupefacientes. Del total de personas detenidas, 61 fueron capturadas mediante orden judicial, 72 en flagrancia y tres corresponden a aprehensiones de menores de edad.

Entre los resultados también se reportó la desarticulación de estructuras dedicadas al microtráfico y la captura de personas señaladas de participar en hechos violentos que afectaban la seguridad de diferentes sectores de Bucaramanga y municipios cercanos.

Tras conocer los resultados, De La Espriella lanzó una advertencia a las organizaciones criminales y aseguró que las autoridades continuarán persiguiendo a quienes cometan delitos. “No vamos a entregarles nuestras calles a los criminales. A los delincuentes les advierto: no tendrán escondite ni impunidad”, expresó.

Finalmente, el presidente anunció que los Bloques Operacionales de Seguridad Urbana continuarán desplegándose en otras ciudades del país. Según manifestó, estas intervenciones hacen parte de su estrategia para recuperar la seguridad y fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en el territorio nacional.

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Económia

BANCOS DE COLOMBIA Y EE. UU. RESPALDAN REFORMA TRIBUTARIA, PERO ADVIERTEN SOBRE RIESGOS

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#ECONOMÍA | Representantes de importantes entidades financieras de Colombia y Estados Unidos expresaron su respaldo a la reforma tributaria y al ajuste fiscal impulsado por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. Sin embargo, también plantearon preocupaciones sobre el alcance de las medidas, su aplicación y los posibles efectos en la economía nacional.

Durante la Asamblea General de Anif, los representantes del sector financiero coincidieron en que Colombia necesita corregir el desequilibrio de sus finanzas públicas para recuperar la confianza de los inversionistas y garantizar la estabilidad macroeconómica. En ese sentido, destacaron la importancia de avanzar en un plan que permita controlar el crecimiento de la deuda y fortalecer los ingresos del Estado.

Entre las voces que se pronunciaron estuvo Citi, entidad financiera estadounidense que calificó la Ley de Rescate Económico como un esfuerzo serio y más ambicioso de lo esperado para enfrentar las dificultades fiscales del país. No obstante, advirtió que el proyecto podría sufrir modificaciones durante su discusión en el Congreso, lo que pondría en riesgo parte de sus objetivos.

Por su parte, Javier Suárez, presidente de Davivienda, manifestó que comprende la necesidad de que todos los sectores contribuyan al ajuste fiscal. Sin embargo, cuestionó la extensión de la sobretasa de cinco puntos porcentuales que pagan las entidades financieras sobre el impuesto de renta, al considerar que representa una carga desigual frente a otras actividades económicas.

El directivo aseguró que el sector bancario está dispuesto a participar en el esfuerzo que necesita el país, pero insistió en que las condiciones tributarias deben garantizar mayor equidad. Según explicó, la estabilidad de las finanzas públicas también es fundamental para proteger el crecimiento económico y el bienestar de los colombianos.

Otra de las preocupaciones planteadas por los representantes del sector está relacionada con la necesidad de mantener condiciones favorables para la inversión privada. Los banqueros consideran que un ajuste fiscal debe estar acompañado de reglas claras, confianza empresarial e incentivos que permitan impulsar sectores como la industria, la construcción, la energía y la infraestructura.

Las advertencias también se extienden al trámite legislativo. La iniciativa del Gobierno enfrenta un debate complejo por las propuestas de modificación del IVA, el impuesto de renta y otras contribuciones. Distintos sectores políticos han manifestado reparos frente a algunas de las medidas que buscan aumentar el recaudo nacional.

De esta manera, el respaldo de importantes actores financieros representa un apoyo a la necesidad de corregir las cuentas públicas, pero no significa un aval absoluto a todos los componentes de la reforma. El debate ahora se concentra en encontrar un equilibrio entre el recaudo, la reducción del gasto, la competitividad empresarial y la estabilidad económica de Colombia.

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