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Nacionales

Colpensiones cambia reglas: afiliados deberán cumplir trámite obligatorio

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Miles de afiliados y pensionados en Colombia deberán prepararse para nuevos cambios en los procesos de atención de Colpensiones, luego de que la entidad anunciara la implementación de un trámite obligatorio que será necesario para acceder a varios de sus servicios y gestiones administrativas.

La medida, según explicó la administradora pública de pensiones, tiene como objetivo reforzar la seguridad de la información de los usuarios, actualizar bases de datos y evitar casos de fraude, suplantación de identidad y trámites realizados por terceros sin autorización.

De acuerdo con lo informado, los afiliados tendrán que realizar un proceso de validación y actualización de sus datos personales a través de los canales oficiales de la entidad. Este procedimiento será requisito para adelantar solicitudes relacionadas con historia laboral, reconocimiento de pensión, certificaciones, actualización de información y otros servicios disponibles tanto de manera presencial como virtual.

La entidad aseguró que este nuevo mecanismo busca modernizar la atención y garantizar que cada trámite sea realizado directamente por el titular o una persona debidamente autorizada. Además, señaló que la digitalización de procesos permitirá una atención más rápida y segura para millones de colombianos afiliados al sistema pensional.

Colpensiones también hizo un llamado a los ciudadanos para mantenerse atentos a la información publicada en sus canales oficiales y evitar caer en estafas o engaños por parte de personas que ofrecen supuestos “atajos” o intermediaciones para adelantar procesos.

Expertos señalan que este tipo de medidas se vienen implementando en varias entidades del país como parte de la transformación digital del sector público, especialmente en servicios relacionados con datos sensibles y trámites económicos.

Por ahora, la recomendación para los afiliados es verificar que sus datos estén actualizados y consultar directamente con la entidad cuáles serán los pasos y plazos establecidos para cumplir con este nuevo requisito obligatorio.

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Nacionales

FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA PIDEN INVESTIGAR AMENAZAS CONTRA GREGORIO ELJACH

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Funcionarios de la Procuraduría General de la Nación solicitaron a la Fiscalía investigar las amenazas denunciadas por el procurador general, Gregorio Eljach, contra su vida, la de sus familiares y su equipo de trabajo. La petición fue presentada por el sindicato STP Dignidad, mediante una comunicación enviada el pasado 10 de noviembre a la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

En el documento, firmado por William Millán Monsalve, presidente de la organización sindical, los trabajadores solicitaron esclarecer quiénes estarían detrás de las intimidaciones y determinar si existen funcionarios de la propia Procuraduría involucrados en estos hechos.

La solicitud se conoce después de que Eljach revelara, el pasado 28 de octubre, que había recibido amenazas que comprometían su seguridad y la de su entorno cercano. El funcionario aseguró que la situación lo llevó a adoptar medidas especiales de protección y a permanecer aproximadamente un mes sin asistir presencialmente a las instalaciones de la entidad.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de sus declaraciones fue la posibilidad de que las intimidaciones provinieran de personas que trabajan dentro de la misma institución. Sin embargo, el procurador aclaró que todavía no existen conclusiones definitivas sobre el origen de las amenazas ni sobre sus posibles responsables.

Ante este escenario, el sindicato pidió que la Fiscalía adelante una investigación seria, rápida, objetiva e imparcial, que permita establecer las circunstancias de las intimidaciones y determinar si hubo participación de servidores públicos.

Los funcionarios también hicieron una precisión: si se comprueba que alguna persona vinculada a la Procuraduría participó en estos hechos, deberán establecerse las responsabilidades individuales y aplicarse las consecuencias legales correspondientes. Asimismo, advirtieron que las actuaciones de una o varias personas no pueden convertirse en señalamientos generalizados contra todos los trabajadores de la entidad.

El sindicato explicó que su intención no es cuestionar la legitimidad de las denuncias realizadas por Eljach, sino solicitar que los hechos sean esclarecidos y que se proteja el buen nombre de los funcionarios que no tengan ninguna relación con las posibles intimidaciones.

Ahora, la atención está puesta en las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación, que deberá establecer quiénes estarían detrás de las amenazas y si existe alguna responsabilidad de personas vinculadas a la Procuraduría.

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Nacionales

OPERACIÓN MANO DE HIERRO DEJA 136 CAPTURADOS EN BUCARAMANGA: DE LA ESPRIELLA ENTREGÓ EL BALANCE

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#JUDICIAL | Una ofensiva contra las estructuras criminales y las redes de narcotráfico que operan en Santander dejó 136 personas capturadas en Bucaramanga y su área metropolitana. Se trata de la operación denominada ‘Mano de Hierro’, desplegada durante la madrugada de este jueves 12 de noviembre y encabezada por el presidente Abelardo De La Espriella junto a integrantes de la Fuerza Pública.

A través de su cuenta de X, el mandatario informó que participó personalmente en el operativo y destacó los resultados obtenidos mediante el Bloque Operacional de Seguridad Urbana (BOSUR), estrategia del Gobierno nacional para combatir la delincuencia en las principales ciudades del país.

De acuerdo con el balance presentado, las autoridades realizaron 70 allanamientos y lograron 136 capturas. Entre los elementos incautados se encuentran 12 armas de fuego, 27 teléfonos celulares, 430 cartuchos y 1.800 gramos de explosivos.

Asimismo, fueron decomisados más de 18.837 gramos de estupefacientes y $4.640.000 en efectivo. El procedimiento también permitió aplicar medidas de extinción de dominio sobre bienes avaluados en aproximadamente $1.541 millones.

Según información de la Fiscalía, los capturados estarían relacionados con ocho estructuras delincuenciales señaladas de participar en homicidios, extorsiones, hurtos y tráfico local de estupefacientes. Del total de personas detenidas, 61 fueron capturadas mediante orden judicial, 72 en flagrancia y tres corresponden a aprehensiones de menores de edad.

Entre los resultados también se reportó la desarticulación de estructuras dedicadas al microtráfico y la captura de personas señaladas de participar en hechos violentos que afectaban la seguridad de diferentes sectores de Bucaramanga y municipios cercanos.

Tras conocer los resultados, De La Espriella lanzó una advertencia a las organizaciones criminales y aseguró que las autoridades continuarán persiguiendo a quienes cometan delitos. “No vamos a entregarles nuestras calles a los criminales. A los delincuentes les advierto: no tendrán escondite ni impunidad”, expresó.

Finalmente, el presidente anunció que los Bloques Operacionales de Seguridad Urbana continuarán desplegándose en otras ciudades del país. Según manifestó, estas intervenciones hacen parte de su estrategia para recuperar la seguridad y fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en el territorio nacional.

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Económia

BANCOS DE COLOMBIA Y EE. UU. RESPALDAN REFORMA TRIBUTARIA, PERO ADVIERTEN SOBRE RIESGOS

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#ECONOMÍA | Representantes de importantes entidades financieras de Colombia y Estados Unidos expresaron su respaldo a la reforma tributaria y al ajuste fiscal impulsado por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. Sin embargo, también plantearon preocupaciones sobre el alcance de las medidas, su aplicación y los posibles efectos en la economía nacional.

Durante la Asamblea General de Anif, los representantes del sector financiero coincidieron en que Colombia necesita corregir el desequilibrio de sus finanzas públicas para recuperar la confianza de los inversionistas y garantizar la estabilidad macroeconómica. En ese sentido, destacaron la importancia de avanzar en un plan que permita controlar el crecimiento de la deuda y fortalecer los ingresos del Estado.

Entre las voces que se pronunciaron estuvo Citi, entidad financiera estadounidense que calificó la Ley de Rescate Económico como un esfuerzo serio y más ambicioso de lo esperado para enfrentar las dificultades fiscales del país. No obstante, advirtió que el proyecto podría sufrir modificaciones durante su discusión en el Congreso, lo que pondría en riesgo parte de sus objetivos.

Por su parte, Javier Suárez, presidente de Davivienda, manifestó que comprende la necesidad de que todos los sectores contribuyan al ajuste fiscal. Sin embargo, cuestionó la extensión de la sobretasa de cinco puntos porcentuales que pagan las entidades financieras sobre el impuesto de renta, al considerar que representa una carga desigual frente a otras actividades económicas.

El directivo aseguró que el sector bancario está dispuesto a participar en el esfuerzo que necesita el país, pero insistió en que las condiciones tributarias deben garantizar mayor equidad. Según explicó, la estabilidad de las finanzas públicas también es fundamental para proteger el crecimiento económico y el bienestar de los colombianos.

Otra de las preocupaciones planteadas por los representantes del sector está relacionada con la necesidad de mantener condiciones favorables para la inversión privada. Los banqueros consideran que un ajuste fiscal debe estar acompañado de reglas claras, confianza empresarial e incentivos que permitan impulsar sectores como la industria, la construcción, la energía y la infraestructura.

Las advertencias también se extienden al trámite legislativo. La iniciativa del Gobierno enfrenta un debate complejo por las propuestas de modificación del IVA, el impuesto de renta y otras contribuciones. Distintos sectores políticos han manifestado reparos frente a algunas de las medidas que buscan aumentar el recaudo nacional.

De esta manera, el respaldo de importantes actores financieros representa un apoyo a la necesidad de corregir las cuentas públicas, pero no significa un aval absoluto a todos los componentes de la reforma. El debate ahora se concentra en encontrar un equilibrio entre el recaudo, la reducción del gasto, la competitividad empresarial y la estabilidad económica de Colombia.

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