El sistema pensional colombiano enfrenta una discusión sobre la sostenibilidad futura de las pensiones por invalidez y sobrevivencia, prestaciones que representan cerca de una tercera parte de las pensiones que se reconocen actualmente en el país.
La advertencia proviene de Fasecolda, que señala que el aumento del costo de estas prestaciones, sumado a cambios regulatorios derivados de la reforma pensional, podría incrementar el riesgo financiero que eventualmente tendría que asumir el Estado.
¿Dónde está el riesgo?
De acuerdo con el gremio asegurador, aproximadamente el 33 % de las pensiones que se reconocen en Colombia corresponden a casos de invalidez o sobrevivencia.
Estas prestaciones se otorgan cuando una persona pierde su capacidad laboral o cuando fallece y deja beneficiarios que cumplen las condiciones establecidas para recibir una pensión.
El director de la Cámara Técnica de Seguridad Social, Vida y Personas de Fasecolda, Milton Moreno, explicó que actualmente los colombianos que cumplen los requisitos continúan recibiendo sus pensiones. La preocupación está relacionada con la capacidad del sistema para cubrir estos riesgos en el futuro.
El escenario que genera inquietud se produciría si el seguro previsional deja de ser financieramente sostenible, si las administradoras privadas no encuentran aseguradoras dispuestas a cubrir estos riesgos o si Colpensiones no cuenta con una cobertura suficiente.
En cualquiera de esos casos, una parte mayor del costo podría terminar trasladándose al Presupuesto General de la Nación.
El aumento del costo del seguro
Uno de los factores que ha generado presión es el incremento del costo de las pensiones que deben respaldarse mediante el seguro previsional.
El valor de estas coberturas depende, entre otros factores, de la siniestralidad, es decir, de la cantidad de fallecimientos e invalideces que generan nuevas obligaciones.
A esta dinámica se han sumado el aumento del salario mínimo y modificaciones relacionadas con la cobertura de deslizamiento.
Según Fasecolda, una pensión cercana a un salario mínimo que anteriormente podía requerir un ahorro de entre $400 millones y $450 millones, bajo las nuevas condiciones puede representar aproximadamente $511 millones.
Esto incrementa el valor que debe cubrir el seguro previsional.
Una cotización que debe cubrir varios costos
El seguro previsional se financia con parte de la cotización mensual de los afiliados a los fondos privados de pensiones.
Actualmente, el 3 % de la cotización está destinado a cubrir el seguro previsional y la comisión de las administradoras.
Fasecolda advierte que este porcentaje podría enfrentar mayores presiones si continúa aumentando el costo del aseguramiento.
El gremio plantea que existe un límite en los recursos disponibles: mientras una mayor proporción se destine al pago de las primas del seguro, queda un menor margen para cubrir la comisión de las administradoras.
La preocupación principal es que el costo llegue a un nivel que reduzca la oferta de seguros disponibles para cubrir a los afiliados.
La discusión que introduce la reforma pensional
La reforma pensional también incorpora un nuevo elemento a la discusión.
De acuerdo con las nuevas reglas, Colpensiones deberá contratar un seguro previsional o recurrir a un mecanismo alternativo que sea definido por el Gobierno.
El Decreto 514 de 2025 estableció como una de las alternativas la utilización de un patrimonio autónomo.
Fasecolda cuestiona este mecanismo porque, según el gremio, no reproduce algunas características propias de un seguro tradicional, como las reservas técnicas, el régimen prudencial, la mutualización del riesgo y el reaseguro.
La diferencia es relevante porque, mediante un seguro, parte del riesgo puede ser transferida a compañías aseguradoras y reaseguradoras. En un patrimonio autónomo, una eventual insuficiencia podría tener una incidencia directa sobre las finanzas públicas.
Más de 171.000 personas dependen de este mecanismo
El sector asegurador calcula que más de 171.000 colombianos han accedido a pensiones de invalidez o sobrevivencia gracias al seguro previsional.
Además, las aseguradoras mantienen reservas superiores a $66 billones destinadas a respaldar obligaciones pensionales.
Fasecolda sostiene que ha advertido al Gobierno sobre los posibles riesgos asociados con el costo creciente de estas coberturas y los cambios previstos en el sistema.
Por ahora, la discusión no se centra en que actualmente se estén dejando de pagar las pensiones de invalidez o sobrevivencia. El debate está en determinar quién asumirá el costo de estos riesgos en el futuro si el modelo de aseguramiento pierde capacidad para cubrirlos.
El resultado de esa discusión será especialmente relevante durante la implementación de la reforma pensional, debido a las implicaciones que podría tener para los afiliados, las aseguradoras y las finanzas públicas.