El Juzgado 11 Administrativo de Montería falló a favor de Manuel Márquez Fúnez y Hugo Buelvas en una acción de tutela relacionada con la elección del representante de los egresados ante el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba. La decisión ordena a la institución adoptar medidas para garantizar los derechos fundamentales y las condiciones de participación democrática en el proceso electoral.
El pronunciamiento judicial se produce en medio de los cuestionamientos que Márquez Fúnez ha presentado sobre el desarrollo de la elección para el periodo 2026-2030. El candidato ha solicitado que se revisen las condiciones bajo las cuales se reglamentó y convocó el proceso, así como las garantías ofrecidas a los egresados que participarán en la votación.

Entre sus denuncias, Márquez ha señalado presuntas actuaciones de la administración universitaria que, según afirma, podrían favorecer a determinadas candidaturas. En particular, ha cuestionado la gestión del rector Jairo Torres Oviedo y ha pedido que se esclarezca si directivos o funcionarios habrían intervenido de manera indebida en el proceso electoral.
Uno de los asuntos planteados por el candidato está relacionado con la aprobación del Acuerdo 064 del 7 de julio de 2026, mediante el cual se delegó al rector la facultad de convocar, reglamentar y adelantar las actuaciones administrativas necesarias para elegir al representante de los egresados. Márquez solicitó que se determine si en estas actuaciones pudo presentarse algún conflicto de intereses o circunstancia que comprometiera la imparcialidad.

El candidato también ha cuestionado las resoluciones 1800 y 1801 del 3 de septiembre de 2026. La primera reglamentó el proceso electoral y la segunda convocó formalmente a la elección, inicialmente prevista para el 24 de septiembre. Según sus señalamientos, deben revisarse las condiciones de divulgación de la convocatoria y el acceso a la información sobre el proceso.
Otro de los puntos denunciados está relacionado con posibles presiones a trabajadores y funcionarios para obtener información de los egresados y, presuntamente, utilizarla para incidir en la votación. Márquez pidió investigar si se habrían empleado bolsas de empleo u otros mecanismos relacionados con oportunidades laborales para favorecer alguna candidatura.
Asimismo, solicitó la intervención de organismos de control del Ministerio Público y del Ministerio de Educación para que examinen las presuntas irregularidades. También pidió revisar los procedimientos de recolección y actualización de los datos de los egresados, así como el eventual uso de esa información durante la elección.
Con el fallo de tutela, la controversia sobre las garantías de participación en la elección del representante de los egresados adquiere relevancia judicial. La Universidad de Córdoba deberá adoptar las medidas ordenadas por el juzgado para proteger los derechos fundamentales involucrados, mientras que los señalamientos sobre posibles irregularidades deberán ser evaluados por las autoridades competentes.