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Opinión

Montería, 249 años… y todavía nos faltan muchas verdades

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Montería cumple 249 años. Y sí, hay cosas para celebrar. Pero hoy quiero hacer algo distinto: pedirte perdón. Perdón por acostumbrarnos al desorden como si fuera normal. Perdón por ver cómo nuestros jóvenes se van y quedarnos callados. Perdón porque mucha gente trabaja todo el día y aun así no avanza. Perdón por aceptar que sin “palanca” es más difícil salir adelante. Perdón por mirar para otro lado mientras la informalidad crece porque no hay más opciones. Perdón por permitir que haya familias enteras sobreviviendo, no viviendo. Perdón por normalizar la falta de oportunidades reales. Perdón por creer que con pavimento ya cumplimos. Perdón por aplaudir anuncios mientras en la casa hay angustia. Y perdón por hacer como si todo estuviera bien cuando sabemos que no es así. Y me incluyo, porque esto no es de uno solo, es de todos como ciudad.

Pero también creo algo: Montería puede ser mucho más. Tiene gente berraca, talento y ganas. Lo que no puede es seguir igual. Y para cambiar, hay que empezar por decir lo que casi nadie dice.

Hay verdades incómodas. Que no hay trabajo estable para la mayoría y que muchos viven del día a día. Que si no tienes contactos, avanzar se vuelve cuesta arriba. Que la economía real de la ciudad no está en las cifras bonitas, sino en ese 70% que nadie cuenta. Que la informalidad no es el problema, es la consecuencia de un sistema que no da opciones. Que hablar de turismo como salvación es exagerar cuando la ciudad ni siquiera está organizada para sostenerlo. Que aquí el visitante llega, mira y se va el mismo día. Que sin meterle de verdad al campo y a lo que producimos, no hay crecimiento que aguante. Que pavimentar es lo mínimo, no es transformar la vida de nadie. Que lo que no da aplausos —como la salud mental de los jóvenes o su primera oportunidad— es lo que más necesitamos. Que las prioridades están al revés.

También hay que decir que la luz está ahogando a muchas familias, y aunque no todo dependa de lo local, sí hay decisiones que pueden aliviar esa carga. Que el desorden en las calles no es casualidad, es falta de rumbo. Que el transporte está atrasado y que la ciudad crece sin organización. Que muchos negocios abren con ilusión y cierran en silencio porque no aguantan. Que hay talento de sobra, pero pocas puertas abiertas.

Yo no estoy aquí porque no tenga qué hacer. Trabajo, me rebusco, pago lo mismo que paga cualquier familia en Montería. Estoy aquí porque me duele esta ciudad. Porque creo en su gente. Pero creo más en que ya está bueno de tanto maquillaje.

Estos 249 años no pueden ser solo celebración. Tienen que ser un punto de quiebre. Por eso vamos a empezar a decir las verdades que incomodan, las que muchos sienten pero pocos hablan. No por criticar, sino porque es la única forma de mejorar.

Feliz cumpleaños, Montería. Yo sí creo en ti. Pero para demostrarlo, hay que hablar claro.

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Opinión

Fusionar Minciencias a Mineducación

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La propuesta de integrar el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias) con el Ministerio de Educación constituye una iniciativa estratégica para fortalecer el sistema científico colombiano y promover una articulación más efectiva entre la generación de conocimiento y las políticas públicas de educación superior. Esta propuesta, cobra especial relevancia en el contexto de los desafíos que enfrenta Colombia para consolidar una economía basada en el conocimiento.

Las universidades son el principal soporte de la capacidad científica nacional. En ellas se concentra la infraestructura necesaria para la investigación, representada en grupos de investigación, laboratorios, centros e institutos especializados, además de investigadores altamente cualificados y redes de cooperación nacionales e internacionales. Gracias a estos recursos, las instituciones de educación superior generan conocimiento, innovación y soluciones orientadas al desarrollo económico, social y humano del país.

Sin embargo, uno de los principales obstáculos para el fortalecimiento de la ciencia en Colombia es la limitada financiación. Gran parte de los recursos destinados a investigación provienen de las regalías asociadas a la explotación de hidrocarburos, una fuente que no garantiza estabilidad ni sostenibilidad a largo plazo. Esta situación evidencia la necesidad de establecer mecanismos permanentes de financiamiento que aseguren la continuidad y el crecimiento de los procesos científicos y tecnológicos.

En este escenario, la integración de minencias con mineducación permitiría coordinar de manera más eficiente las capacidades científicas existentes y orientar la investigación hacia las prioridades nacionales. Asimismo, facilitaría la alineación de los esfuerzos universitarios con las recomendaciones de la Misión Internacional de Sabios, que definió una hoja de ruta para impulsar el desarrollo del país mediante la ciencia, la tecnología y la innovación. Pero si no hacen una buena fusión; podrían debilitarse ambos procesos.

La experiencia internacional demuestra que el desarrollo sostenible de las naciones depende en gran medida de su capacidad para producir conocimiento y transformarlo en soluciones para los problemas económicos y sociales. Por ello, la comunidad científica colombiana ha insistido durante décadas en la construcción de una política de Estado que garantice recursos suficientes para la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico. El fortalecimiento del sistema científico no debe considerarse una política coyuntural, sino una estrategia permanente para mejorar la competitividad y el bienestar de la sociedad.

Las orientaciones de la Misión de Sabios y los ejercicios de planificación realizados por los Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación (Codecti) han permitido identificar prioridades de investigación en las regiones. Estos esfuerzos buscan responder a problemáticas estructurales y contribuir al mejoramiento de los indicadores de desarrollo social y humano. Para alcanzar estos objetivos, resulta indispensable el liderazgo institucional de Minciencias en la formulación de políticas públicas que incorporen la ciencia y la innovación en los planes de desarrollo nacionales y territoriales.

En la región Caribe, por ejemplo, la ciencia debe convertirse en una herramienta fundamental para comprender y resolver desafíos históricos relacionados con el acceso al agua potable, el saneamiento básico, la conectividad vial rural, la salud, la educación superior y el fortalecimiento de las actividades productivas. Igualmente, áreas como la primera infancia, el turismo, la biodiversidad y las energías renovables representan oportunidades estratégicas para impulsar un desarrollo sostenible basado en el conocimiento.

Las universidades desempeñan un papel central en este proceso. Como espacios de pensamiento crítico, investigación y formación avanzada, han estudiado los problemas que afectan a las regiones y cuentan con los conocimientos necesarios para proponer alternativas de solución. Además de formar profesionales, tienen la responsabilidad de aportar evidencia científica para orientar la toma de decisiones públicas y promover transformaciones sociales de largo alcance.

Por estas razones, avanzar hacia una mayor articulación entre el sistema científico y la educación superior constituye una oportunidad para consolidar una política de desarrollo sustentada en el conocimiento. Los países con mayores niveles de bienestar han comprendido la importancia de fortalecer el vínculo entre universidades, investigación y políticas públicas. Colombia debe seguir esta ruta para superar sus rezagos históricos, potenciar sus capacidades científicas y construir una verdadera sociedad del conocimiento al servicio del desarrollo nacional y regional.

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Opinión

Con las encuestas… a cuestas

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“La prensa”, que recibió su nombre del invento de Gutenberg en el siglo XV, fue creciendo hasta consolidarse como medio masivo en el XIX y convertirse en el “cuarto poder”, por su capacidad de “influenciar” la opinión, sobre todo en el ámbito político.

Colombia no escapó a esa tendencia. Eran las épocas en que los grandes líderes políticos fundaron o adoptaron sus propios periódicos para difundir sus idearios. Hasta mediados del siglo pasado, la orientación electoral salía de los directorios políticos y sus periódicos. Eran las épocas en que los liberales votaban con el editorial de El Tiempo o El Espectador bajo el brazo, y de un dicho bogotano que le atribuía la última palabra al periódico conservador de la casa Gómez: “¿Quién lo dijo?; lo dijo el Siglo”.

Pero el mundo cambió hacia “la encuesta” como instrumento de orientación política, a partir del muestreo, la inferencia estadística y el procesamiento de datos. Lo que no cambió fue la tendencia a controlar la orientación política controlando el medio. De hecho, los últimos presidentes han tenido, cada uno, la encuestadora de su preferencia, y hoy cargamos “a cuestas” con la creciente desconfianza en las encuestas.

Así que el título de esta columna no obedece a mi gusto por los juegos de palabras, sino al debate encendido sobre las encuestas, su financiación y manipulación, en medio de un ambiente electoral enrarecido, una ley quizás inoportuna y excesiva –la Corte Constitucional le tumbó dos artículos–, y hasta camorras, como la protagonizada por la magistrada del Pacto Histórico en el CNE, pretendiendo silenciar a la empresa Atlas Intel por unos resultados que no favorecían a su candidato.

Atlas Intel es la encuestadora brasileña que utiliza modelos predictivos y tecnologías que se apartan de lo convencional y, por ello, lleva tres investigaciones “a cuestas”, a pesar de ser la única que acertó con el triunfo de Abelardo en primera vuelta, como también en su tendencia creciente durante el proceso, mientras las nacionales insistían en que solo Paloma Valencia tendría oportunidad contra Cepeda en una segunda vuelta.

Aunque el prestigio de Atlas Intel cuenta con los aciertos del triunfo de Milei en Argentina y Trump en Estados Unidos, entre otros, mi intención no es exaltar a una empresa en demérito de otras, sino llamar la atención sobre nuevas realidades que afectan la validez de las encuestas tradicionales, cuando, hoy por hoy, una batería, bien paga también, por supuesto, de bots e influencers puede mover la opinión en redes en menos tiempo del que tarda la realización y publicación de una encuesta.

“Son las redes sociales, estúpido”, respondería Clinton si hoy le preguntarán dónde medir la opinión política. ¿Para que preguntarles a 2.000 personas y extrapolar el resultado, si millones expresan su opinión todo el tiempo y en tiempo real?

Atlas Intel, que avanza por esa ruta tecnológica de esa nueva realidad, no era muy conocida en el país, hasta que saltó a escena por el bochornoso asunto de la selección del candidato oficial del Centro Democrático, cuando el señor Uribe Londoño, en noviembre de 2025, saboteó el proceso cuestionando la decisión del partido de contratar una encuesta con la empresa brasileña.

Con argumentos espurios e insinuaciones falaces ponía condiciones y exigía transparencia, mientras, por la puerta de atrás, a través de sus “asesores”, intentaba contratar a la encuestadora que atacaba por la puerta de adelante, hasta que la empresa decidió salirse de semejante berenjenal de intrigas, alegando riesgos de reputabilidad. Quedará para la historia –habrá que contarla– que ese procesó terminó mal para el CD, socavó sus principios fundacionales y cercenó su vocación de poder.

@jflafaurie

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Mensaje de Foz do Iguaçu

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El pasado 29 y 30 de junio del presente año, por invitación del Ministerio de Educación de Brasil, las rectoras, rectores y demás autoridades de las instituciones de educación superior de América Latina y el Caribe se reunieron en la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana (Unila), en la ciudad de Foz do Iguaçu, perteneciente al Estado de Paraná, Brasil, con ocasión del I Foro de Rectoras y Rectores de América Latina y el Caribe; donde se deliberó la agenda política de la educación superior orientada a las especificidades de la región, con miras a la integración regional.

Como conclusión de dicho encuentro, hacemos públicos los compromisos de continuar trabajando en conjunto por la educación superior pública, por la integración regional solidaria y la construcción de un proyecto de desarrollo soberano, democrático, social e inclusivo; por consiguiente, comprometido con nuestros pueblos. El Foro fue concebido, como un espacio de articulación política y académica en defensa del papel y la pertinencia de las instituciones de educación superior, en un contexto regional y global, marcado por ataques a la ciencia, a los derechos humanos, a la democracia, a la autonomía universitaria y a la soberanía de los países latinoamericanos y caribeños. En este encuentro, se reafirmó la educación superior como eje estructurante de un proyecto de nación y de integración regional, indispensable para la producción de conocimiento estratégico, la formación ciudadana y la formulación de políticas públicas orientadas al bien común. Este espacio académico tiene como antecedentes y fuente de inspiración, el legado histórico de las Conferencias Regionales de Educación Superior; especialmente en los principios afirmados en La Habana en 1996, Cartagena en 2008, Córdoba en 2018 y Brasilia, en el 2024. Las instituciones participantes reiteran que, la educación superior es un derecho humano universal, un bien público social y un deber inalienable del Estado. Reafirman que la autonomía universitaria, la libertad académica, el financiamiento público adecuado, la inclusión social y la internacionalización solidaria, constituyen fundamentos indispensables para el fortalecimiento de un sistema regional de educación superior comprometido con la justicia social y la soberanía; igualmente,  reconocen el papel estratégico de las universidades como actores esenciales de los sistemas de educación superior en lo que respecta la promoción del desarrollo sostenible de los territorios,  la soberanía, la innovación y la cohesión social en nuestros países.   A partir de los debates desarrollados en el Foro, las instituciones signatarias, asumen los siguientes compromisos estratégicos: 1. Defender la educación superior pública, gratuita, de calidad, inclusiva y, socialmente comprometida como patrimonio estratégico de los pueblos de América Latina y el Caribe; condición necesaria para el desarrollo justo y sostenible de la región. 2. Fortalecer la autonomía universitaria, la libertad académica y la gestión democrática de las instituciones de educación superior, como garantías esenciales de la vida académica y de la democracia. 3. Fortalecer los procesos de integración regional, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el Consenso de Brasilia y el Mercosur, mediante la cooperación educativa en todos los niveles, especialmente en la educación superior. 4. Promover políticas de inclusión, permanencia y éxito académico, prestando atención a las desigualdades históricas que caracterizan a nuestras sociedades y asumiendo un compromiso efectivo con la igualdad racial, la equidad de género, la diversidad cultural, el respeto a los pueblos originarios, a las poblaciones afrodescendientes, a las comunidades tradicionales y a todos los grupos en situación de vulnerabilidad social. 5. Ampliar la cooperación académica, científica, tecnológica, cultural e institucional entre las universidades y los institutos tecnológicos de la región, sobre la base de relaciones horizontales, la reciprocidad, la solidaridad y el reconocimiento de las asimetrías existentes. 6. Promover la movilidad estudiantil, docente, técnica y administrativa, así como el intercambio de planes de estudio, experiencias formativas y estrategias pedagógicas que fortalezcan el sentido de pertenencia regional y la circulación del conocimiento en el espacio latinoamericano y caribeño. 8. Apoyar el fortalecimiento del Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior (Enlaces) como instancia estratégica de articulación regional, representación política y cooperación interuniversitaria, en consonancia con los procesos desarrollados en las Conferencias Regionales de Educación Superior. 9. Defender la educación pública y fortalecer la inclusión, la autonomía universitaria, la libertad académica y el financiamiento público, consolidando la educación superior como un derecho humano universal, un bien público social y un deber inalienable del Estado, resistiendo los ataques de carácter mercantilista. Al concluir este I Foro, las signatarias y los signatarios manifiestan su disposición a transformar los consensos aquí alcanzados en agendas institucionales consistentes en redes de trabajo e iniciativas concretas de cooperación. Esta carta constituye no solo un registro político del encuentro, sino también, una referencia para acciones continuadas en defensa de la educación superior pública y de la soberanía científica y cultural de América Latina y el Caribe.

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