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Nacionales

Registraduría anuncia calendario electoral para las elecciones territoriales de 2027: estas son las fechas clave

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El registrador nacional, Hernán Penagos, presentó el calendario electoral para las elecciones territoriales del 31 de octubre de 2027, jornada en la que los colombianos elegirán a gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles para el periodo 2028-2031.

De acuerdo con el cronograma establecido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el proceso comenzará este sábado 31 de octubre de 2026, cuando se habilitará la inscripción de ciudadanos que necesiten actualizar su puesto de votación por cambio de domicilio o residencia.

“Desde el 31 de octubre de este año, la ciudadanía podrá inscribirse, si lo requiere, para actualizar su lugar de votación. Además, el 30 de junio de 2027 comenzará la inscripción de candidatos, una etapa clave en la preparación de estos comicios”, señaló Penagos durante la presentación del calendario.

La inscripción de ciudadanos para cambiar el puesto de votación estará habilitada hasta el 31 de agosto de 2027. Este trámite está dirigido a quienes hayan cambiado de residencia o regresado de manera permanente al país y necesiten actualizar la información electoral.

Otro de los hitos del calendario será el 30 de junio de 2027, cuando comenzará la inscripción de candidatos y listas. Este periodo se extenderá hasta el 31 de julio del mismo año, fecha en la que también finalizará el plazo para entregar las firmas de respaldo de las candidaturas promovidas por grupos significativos de ciudadanos.

El cronograma contempla, además, el registro de comités inscriptores y el inicio de la recolección de apoyos ciudadanos para aspirantes que busquen participar mediante firmas. El plazo para registrar estos comités vencerá el 30 de junio de 2027.

En materia de propaganda electoral, la publicidad en espacios públicos podrá comenzar el 31 de julio de 2027, mientras que la difusión de propaganda a través de los medios de comunicación estará permitida desde el 5 de agosto. Asimismo, la Registraduría avanzará en la publicación del censo electoral y en la organización de las etapas previas a la votación.

La entidad estima que cerca de 120.000 candidatos podrían inscribirse para participar en estos comicios, que definirán la composición de los gobiernos y corporaciones públicas territoriales en todo el país. Penagos también hizo un llamado a las organizaciones políticas para seleccionar rigurosamente a sus aspirantes y contribuir a combatir la desinformación durante el proceso electoral.

La jornada electoral se realizará el domingo 31 de octubre de 2027. Por eso, la Registraduría invitó a la ciudadanía a consultar oportunamente su puesto de votación y a estar pendiente de las fechas oficiales para cumplir los trámites correspondientes antes de acudir a las urnas.

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Nacionales

FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA PIDEN INVESTIGAR AMENAZAS CONTRA GREGORIO ELJACH

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Funcionarios de la Procuraduría General de la Nación solicitaron a la Fiscalía investigar las amenazas denunciadas por el procurador general, Gregorio Eljach, contra su vida, la de sus familiares y su equipo de trabajo. La petición fue presentada por el sindicato STP Dignidad, mediante una comunicación enviada el pasado 10 de noviembre a la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

En el documento, firmado por William Millán Monsalve, presidente de la organización sindical, los trabajadores solicitaron esclarecer quiénes estarían detrás de las intimidaciones y determinar si existen funcionarios de la propia Procuraduría involucrados en estos hechos.

La solicitud se conoce después de que Eljach revelara, el pasado 28 de octubre, que había recibido amenazas que comprometían su seguridad y la de su entorno cercano. El funcionario aseguró que la situación lo llevó a adoptar medidas especiales de protección y a permanecer aproximadamente un mes sin asistir presencialmente a las instalaciones de la entidad.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de sus declaraciones fue la posibilidad de que las intimidaciones provinieran de personas que trabajan dentro de la misma institución. Sin embargo, el procurador aclaró que todavía no existen conclusiones definitivas sobre el origen de las amenazas ni sobre sus posibles responsables.

Ante este escenario, el sindicato pidió que la Fiscalía adelante una investigación seria, rápida, objetiva e imparcial, que permita establecer las circunstancias de las intimidaciones y determinar si hubo participación de servidores públicos.

Los funcionarios también hicieron una precisión: si se comprueba que alguna persona vinculada a la Procuraduría participó en estos hechos, deberán establecerse las responsabilidades individuales y aplicarse las consecuencias legales correspondientes. Asimismo, advirtieron que las actuaciones de una o varias personas no pueden convertirse en señalamientos generalizados contra todos los trabajadores de la entidad.

El sindicato explicó que su intención no es cuestionar la legitimidad de las denuncias realizadas por Eljach, sino solicitar que los hechos sean esclarecidos y que se proteja el buen nombre de los funcionarios que no tengan ninguna relación con las posibles intimidaciones.

Ahora, la atención está puesta en las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación, que deberá establecer quiénes estarían detrás de las amenazas y si existe alguna responsabilidad de personas vinculadas a la Procuraduría.

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Nacionales

OPERACIÓN MANO DE HIERRO DEJA 136 CAPTURADOS EN BUCARAMANGA: DE LA ESPRIELLA ENTREGÓ EL BALANCE

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#JUDICIAL | Una ofensiva contra las estructuras criminales y las redes de narcotráfico que operan en Santander dejó 136 personas capturadas en Bucaramanga y su área metropolitana. Se trata de la operación denominada ‘Mano de Hierro’, desplegada durante la madrugada de este jueves 12 de noviembre y encabezada por el presidente Abelardo De La Espriella junto a integrantes de la Fuerza Pública.

A través de su cuenta de X, el mandatario informó que participó personalmente en el operativo y destacó los resultados obtenidos mediante el Bloque Operacional de Seguridad Urbana (BOSUR), estrategia del Gobierno nacional para combatir la delincuencia en las principales ciudades del país.

De acuerdo con el balance presentado, las autoridades realizaron 70 allanamientos y lograron 136 capturas. Entre los elementos incautados se encuentran 12 armas de fuego, 27 teléfonos celulares, 430 cartuchos y 1.800 gramos de explosivos.

Asimismo, fueron decomisados más de 18.837 gramos de estupefacientes y $4.640.000 en efectivo. El procedimiento también permitió aplicar medidas de extinción de dominio sobre bienes avaluados en aproximadamente $1.541 millones.

Según información de la Fiscalía, los capturados estarían relacionados con ocho estructuras delincuenciales señaladas de participar en homicidios, extorsiones, hurtos y tráfico local de estupefacientes. Del total de personas detenidas, 61 fueron capturadas mediante orden judicial, 72 en flagrancia y tres corresponden a aprehensiones de menores de edad.

Entre los resultados también se reportó la desarticulación de estructuras dedicadas al microtráfico y la captura de personas señaladas de participar en hechos violentos que afectaban la seguridad de diferentes sectores de Bucaramanga y municipios cercanos.

Tras conocer los resultados, De La Espriella lanzó una advertencia a las organizaciones criminales y aseguró que las autoridades continuarán persiguiendo a quienes cometan delitos. “No vamos a entregarles nuestras calles a los criminales. A los delincuentes les advierto: no tendrán escondite ni impunidad”, expresó.

Finalmente, el presidente anunció que los Bloques Operacionales de Seguridad Urbana continuarán desplegándose en otras ciudades del país. Según manifestó, estas intervenciones hacen parte de su estrategia para recuperar la seguridad y fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en el territorio nacional.

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Económia

BANCOS DE COLOMBIA Y EE. UU. RESPALDAN REFORMA TRIBUTARIA, PERO ADVIERTEN SOBRE RIESGOS

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#ECONOMÍA | Representantes de importantes entidades financieras de Colombia y Estados Unidos expresaron su respaldo a la reforma tributaria y al ajuste fiscal impulsado por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. Sin embargo, también plantearon preocupaciones sobre el alcance de las medidas, su aplicación y los posibles efectos en la economía nacional.

Durante la Asamblea General de Anif, los representantes del sector financiero coincidieron en que Colombia necesita corregir el desequilibrio de sus finanzas públicas para recuperar la confianza de los inversionistas y garantizar la estabilidad macroeconómica. En ese sentido, destacaron la importancia de avanzar en un plan que permita controlar el crecimiento de la deuda y fortalecer los ingresos del Estado.

Entre las voces que se pronunciaron estuvo Citi, entidad financiera estadounidense que calificó la Ley de Rescate Económico como un esfuerzo serio y más ambicioso de lo esperado para enfrentar las dificultades fiscales del país. No obstante, advirtió que el proyecto podría sufrir modificaciones durante su discusión en el Congreso, lo que pondría en riesgo parte de sus objetivos.

Por su parte, Javier Suárez, presidente de Davivienda, manifestó que comprende la necesidad de que todos los sectores contribuyan al ajuste fiscal. Sin embargo, cuestionó la extensión de la sobretasa de cinco puntos porcentuales que pagan las entidades financieras sobre el impuesto de renta, al considerar que representa una carga desigual frente a otras actividades económicas.

El directivo aseguró que el sector bancario está dispuesto a participar en el esfuerzo que necesita el país, pero insistió en que las condiciones tributarias deben garantizar mayor equidad. Según explicó, la estabilidad de las finanzas públicas también es fundamental para proteger el crecimiento económico y el bienestar de los colombianos.

Otra de las preocupaciones planteadas por los representantes del sector está relacionada con la necesidad de mantener condiciones favorables para la inversión privada. Los banqueros consideran que un ajuste fiscal debe estar acompañado de reglas claras, confianza empresarial e incentivos que permitan impulsar sectores como la industria, la construcción, la energía y la infraestructura.

Las advertencias también se extienden al trámite legislativo. La iniciativa del Gobierno enfrenta un debate complejo por las propuestas de modificación del IVA, el impuesto de renta y otras contribuciones. Distintos sectores políticos han manifestado reparos frente a algunas de las medidas que buscan aumentar el recaudo nacional.

De esta manera, el respaldo de importantes actores financieros representa un apoyo a la necesidad de corregir las cuentas públicas, pero no significa un aval absoluto a todos los componentes de la reforma. El debate ahora se concentra en encontrar un equilibrio entre el recaudo, la reducción del gasto, la competitividad empresarial y la estabilidad económica de Colombia.

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